Durante su paso por la Fiscalía, Edgar Veytia instauró una red de control criminal con respaldo institucional. Su caso expone uno de los primeros experimentos del narcoestado en México, con protección política y complicidad oficial, difunde Los Ángeles Times, en su versión digital.
Antes de que el concepto de «narcoestado» se volviera tema de debate nacional, ya había tomado forma en Nayarit. Allí, con respaldo del poder político y complicidad institucional, Edgar Veytia construyó un régimen de control criminal desde la propia Fiscalía estatal. Se hacía llamar “El Diablo” y por años operó convencido de que nada ni nadie lo tocaría.
Una investigación publicada por Los Ángeles Times, firmada por las corresponsales Cecilia Sánchez Vidal y Liliana Nieto del Río, revela cómo Nayarit se convirtió en uno de los primeros territorios donde la colusión entre gobierno y crimen organizado fue no solo evidente, sino sistemática.
Veytia no era un infiltrado: era el Estado. Desde su cargo como fiscal general, ejecutó una estrategia de “paz narca” protegiendo a ciertos cárteles, ordenando la persecución de rivales y utilizando la estructura policial para extorsionar, torturar y desaparecer a ciudadanos. Según su propio testimonio en una corte de Nueva York, recibió sobornos, cometió o permitió asesinatos y facilitó el trasiego de droga bajo total impunidad.
Durante su gestión, los homicidios aumentaron, la violencia se recrudeció y el miedo se institucionalizó. “Había gente colgada de puentes”, declaró Veytia al referirse a Tepic, capital del estado. En ese entorno, según el reportaje de Los Ángeles Times, surgió una práctica particularmente macabra: los cuerpos desmembrados eran colocados en bidones con granos de maíz, una advertencia que las fuerzas del orden llamaban irónicamente “pozole”.
Su ascenso fue respaldado por Roberto Sandoval, exgobernador de Nayarit hoy encarcelado por corrupción. Juntos, consolidaron un control absoluto sobre el aparato estatal mientras alimentaban su riqueza personal. Veytia recibía relojes de lujo, propiedades y dinero en efectivo. Era, literalmente, la ley al servicio del narco.
Pero su caída llegó en 2017, cuando fue detenido por autoridades estadounidenses en San Diego. En 2019 se declaró culpable de narcotráfico y fue sentenciado a 20 años. Sin embargo, su colaboración con el gobierno de EE.UU., especialmente como testigo clave en el juicio contra Genaro García Luna, le valió una reducción de condena. Salió libre en febrero de 2025, tras cumplir menos de ocho años.
Veytia aseguró ante la corte que un exgobernador le pidió proteger al Cártel de Sinaloa por órdenes de García Luna y del entonces presidente Felipe Calderón. Aunque Calderón negó rotundamente esos señalamientos, el testimonio fue una de las piezas centrales para condenar a García Luna a 38 años de prisión.
Ahora, el exfiscal enfrenta una demanda civil en Washington D.C., bajo la Ley de Protección a las Víctimas de la Tortura. Las acusaciones provienen de cinco familias nayaritas que aseguran haber sido extorsionadas, torturadas o despojadas de sus propiedades durante su mandato. Entre ellos hay campesinos, un exoficial de policía y pequeños empresarios que narran cómo fueron detenidos ilegalmente, golpeados, amenazados y obligados a entregar bienes.
“Cuando las instituciones encargadas de proteger a la ciudadanía se convierten en sus verdugos, no hay más opción que buscar justicia fuera del país”, señalan los demandantes en su declaración pública.
El caso Veytia no solo retrata el funcionamiento de un hombre. Es el reflejo de una estructura que permitió la transformación de un estado en zona de control criminal, con aval político y legal. Un experimento del narcoestado que, según expertos, no ha sido desmontado, sino replicado en otros territorios del país.
Información completa: https://www.latimes.com/world-nation/story/2025-07-07/victims-of-el-diablo-murderer-torturer-corrupt-mexican-lawman-seek-justice-in-u-s-court
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