El gobierno mexicano presentó una demanda civil, el 21 de septiembre de 2021, ante el Tribunal del Undécimo Circuito Judicial del Condado de Miami-Dade, Florida, para la recuperación de los activos adquiridos con los recursos extraídos del erario mexicano y ubicados en ese estado norteamericano.
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CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Una corte civil en Miami, Florida, dictó una sentencia contra el exsecretario de Seguridad, Genaro García Luna, y su esposa, Cristina Pereyra, por lo que ahora él deberá pagar una multa de 748 millones de dólares y ella mil 740 millones, por su participación en un esquema de contratación ilegal en el gobierno de México.
El gobierno de México identificó que bajo auspicio de García Luna, un conglomerado empresarial familiar que opera en distintos países obtuvo 30 contratos con diversos órganos de seguridad pública en México, a partir de los cuales se extrajeron recursos públicos por un monto de 745.9 millones de dólares.
En su momento, la Fiscalía General de la República anunció que:
«Beneficios que fueron transferidos al extranjero mediante mecanismos dirigidos a ocultar el rastro mediante la utilización de paraísos fiscales, y aplicados en la adquisición de bienes muebles e inmuebles y otros activos en territorio norteamericano, en el estado de Florida».
El gobierno mexicano presentó una demanda civil, el 21 de septiembre de 2021, ante el Tribunal del Undécimo Circuito Judicial del Condado de Miami-Dade, Florida, para la recuperación de los activos adquiridos con los recursos extraídos del erario mexicano y ubicados en ese estado norteamericano, con la intención de resarcir el daño generado al Estado mexicano.
El proceso civil es independiente al juicio penal al que está sujeto García Luna en Brooklyn, Nueva York.
Acusaciones
Hay que recordar que el Segundo Circuito de la Corte de Apelaciones de Estados Unidos concedió a Genaro García Luna una prórroga de cuatro meses para que apele su condena, tras ser declarado culpable por nexos con el Cártel de Sinaloa, el 21 febrero de 2023.
El secretario de Seguridad en el sexenio de Felipe Calderón fue condenado a 38 años y cuatro meses de prisión y a pagar una multa de 2 millones de dólares, por participar en una empresa delictiva de drogas, varias conspiraciones para cometer delitos y declaraciones falsas.
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