Jorge Martín Frías, del partido de extrema derecha Vox, y miembro de Patriotas por Europa, exige también al Consejo de la UE “suspender temporalmente su política de ayudas y subvenciones a las autoridades mexicanas hasta que el país reanude la lucha contra el narcotráfico”.
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BRUSELAS, Bélgica (Proceso).- El eurodiputado español Jorge Martín Frías, del partido de extrema derecha Vox, pidió al Consejo de la Unión Europea (UE), es decir, a sus Estados miembro, que incluya a los cárteles mexicanos en su listado común de organizaciones terroristas.
“Una de las primeras medidas adoptadas por el presidente entrante de Estados Unidos, Donald Trump, fue designar a los cárteles mexicanos de la droga como ‘organizaciones terroristas extranjeras’ para poder destinar los recursos necesarios a la guerra contra el narcotráfico.
“Sin embargo, a finales de enero, el Consejo renovó la lista de la UE de personas, grupos y entidades terroristas sin incluir a los cárteles mexicanos de la droga como había hecho la administración Trump”, escribió el eurodiputado en una comunicación fechada el 11 de febrero último y dirigida al Consejo de la UE, el organismo en el que los 27 gobiernos del bloque regional toman decisiones conjuntas.
En concreto, Martín Frías preguntó al Consejo si éste incluirá a los cárteles mexicanos de la droga en dicha lista en su próxima revisión -el semestre entrante-, y si “intentará coordinar una estrategia de seguridad con Estados Unidos para luchar conjuntamente contra el narcotráfico”.
El pasado 21 de mayo el Consejo respondió.
Por un lado, el organismo confirmó que los altos representantes de los Estados miembro de la UE ni siquiera debatieron en enero “la posible inclusión de cárteles mexicanos en la lista de personas, grupos y entidades” terroristas.
Sin embargo, también advirtió que, “en cualquier momento, (el Consejo) puede adoptar una decisión para añadir personas, grupos o entidades adicionales a la citada lista”.
Precisó que cualquier inclusión en la lista “debe cumplir las condiciones establecidas en los apartados 2 a 4 del artículo 1 del documento legal que lo sustenta (Posición Común 2001/931/PESC) que, entre otras cosas, establece una definición de ‘acto terrorista’ y de ‘personas, grupos y entidades implicados en actos terroristas’ a tal efecto”.
Tales apartados señalan, entre otros aspectos, que “se entenderá por acto terrorista el acto intencionado que, por su naturaleza o su contexto, pueda perjudicar gravemente a un país o a una organización internacional, tipificado como delito según el derecho nacional, (y sea) cometido con el fin de intimidar gravemente a una población (…) o desestabilizar gravemente o destruir las estructuras políticas fundamentales, constitucionales, económicas o sociales de un país o de una organización internacional”.
Menciona, entre varios de los actos considerados como terrorismo, “atentados contra la vida de una persona que puedan causar la muerte; atentados contra la integridad física de una persona; secuestro o toma de rehenes, o causar destrucciones masivas a un gobierno o a instalaciones o públicas, sistemas de transporte, infraestructuras, incluidos los sistemas de información, plataformas fijas emplazadas en la plataforma continental, lugares públicos, o propiedades privadas que puedan poner en peligro vidas humanas o producir un gran perjuicio económico”.
Actualmente la lista la componen 14 personas y 22 grupos y entidades -en su mayoría relacionados con el terrorismo islámico-, sujetos a medidas restrictivas como la congelación de fondos y otros activos financieros o recursos económicos en los Estados miembros de la UE.
Aquí puedes consultar la Posición Común 2001/931/PESC
Martín Frías, de 45 años, forma parte en el Parlamento Europeo de Patriotas por Europa, un nuevo grupo político creado en 2024 y compuesto por 16 partidos ultraderechistas de 14 países que encabeza en número de eurodiputados Agrupación Nacional, de Francia (29 de 86).
Patriotas por Europa es la tercera fuerza más importante del Parlamento Europeo (de las nueve que hay), detrás de los dos grandes grupos históricos en esa institución: el del Partido Popular Europeo (derecha) y el de la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas (izquierda).
Frías ha exigido igualmente a la UE “suspender temporalmente su política de ayudas y subvenciones a las autoridades mexicanas hasta que el país reanude la lucha contra el narcotráfico” y se pueda “garantizar que estos fondos no acaben en manos de los narcotraficantes», señaló en otra comunicación el pasado 31 de octubre destinada a la Comisión Europea, la institución responsable de llevar las relaciones del bloque con México.
Al respecto, Jozef Síkela, comisario europeo de Asociaciones Internacionales, respondió al eurodiputado el pasado 24 de abril que “la Comisión Europea garantiza una gestión eficaz de los fondos (a México) mediante una supervisión, evaluación y controles financieros estrictos, en los que participan el Tribunal de Cuentas (de la UE) y la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude”.
Esas ayudas sumarían 140 millones de euros entre 2015 y 2023, según el eurodiputado, quien acusa a la presidenta Claudia Sheinbaum de ser “complice del narcotráfico”:
“Su gobierno ha adoptado una reforma judicial chapucera (fraudulenta) que permite a los cárteles financiar las campañas electorales y una estrategia de seguridad poco ambiciosa destinada a limitar las capacidades policiales, lo que fomenta las actividades ilegales y la impunidad del narcotráfico en México”, afirmó en una comunicación también enviada el pasado 11 de febrero a la Comisión Europea.
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