El exgobernador de Tamaulipas, quien es investigado por lavado de dinero, delincuencia organizada y defraudación fiscal, ha recurrido a subterfugios para evitar ser detenido y para ello ha contado con un grupo de jueces que velan por sus intereses.
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CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- Resoluciones emitidas por jueces a modo, suspensiones “oportunas” y tráfico de influencias fueron los elementos que permearon en la red dentro del Poder Judicial Federal (PJF) que supuestamente ha mantenido impune al exgobernador de Tamaulipas Francisco Javier García Cabeza de Vaca.
Legisladores federales y del Congreso de Tamaulipas de Morena denunciaron una presunta “red” de juzgadores que evitaron la captura del exmandatario estatal luego de que fue desaforado el 30 de abril de 2021 por la Cámara de Diputados.
El desafuero derivó de la petición de la Fiscalía General de la República (FGR) que buscaba conseguir una orden de aprehensión contra García Cabeza de Vaca por lavado de dinero, delincuencia organizada y defraudación fiscal equiparada.
El exgobernador panista fue investigado por la compraventa de un departamento en la Ciudad de México a un valor casi cuatro veces mayor a su precio real, a través de operaciones simuladas con diferentes empresas vinculadas a sus supuestas operaciones ilegales.
Sin embargo, luego del desafuero, García Cabeza de Vaca logró blindarse por medio del Congreso local, que horas después, en sesión extraordinaria, aprobó un punto de acuerdo para no adherirse a la decisión de los diputados federales. El Congreso de Tamaulipas en ese entonces estaba dominado por el PAN.
Posteriormente, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) recibió una controversia constitucional en la que el Congreso de Tamaulipas impugnó la resolución de la Cámara de Diputados por afirmar que invadió competencias locales.
El ministro de la Corte Juan Luis González Alcántara validó la decisión del Congreso de Tamaulipas de no ratificar el desafuero de Francisco García Cabeza de Vaca, quien mantuvo su blindaje constitucional hasta que terminó su mandato en Tamaulipas en el año 2022.
Cerco de protección
Durante ese tiempo el entonces gobernador de Tamaulipas dejó de tener apariciones públicas y sólo se mantenía activo por medio de sus redes sociales, en donde enviaba videomensajes.
Tres días antes de terminar su mandato en septiembre de 2022, el exgobernador presuntamente huyó a Estados Unidos. Un mes después la FGR solicitó a un juez federal de Almoloya de Juárez la orden de aprehensión en su contra.
Sin embargo, García Cabeza de Vaca promovió el amparo 2477/2022 ante el juez Octavo de Distrito en Reynosa, Tamaulipas, Faustino Gutiérrez Pérez, quien le concedió una suspensión para que no pudiera ser detenido y posteriormente resolvió el amparo ordenando que no fuera vinculado a proceso, lo que fue impugnado por la FGR ante el Primer Tribunal Colegiado de Reynosa.
El juez Gutiérrez Pérez fue reasignado al Juzgado Penal de Matamoros, cambio que se realizó ante las constantes acusaciones públicas de coludirse con funcionarios para beneficiar a García Cabeza de Vaca.
Conforme a la reforma judicial, Gutiérrez Pérez solicitó su jubilación y, según los legisladores morenistas, se convirtió en abogado de Francisco Javier García Cabeza de Vaca, por lo que lo acusaron de cometer tráfico de influencias con jueces y magistrados de Tamaulipas a favor del exgobernador.
Tráfico de influencias
Con la aprobación de la reforma judicial, dos de los magistrados que integraban el Primer Tribunal Colegiado en Reynosa dejaron sus cargos, lo que provocó que en sus lugares fueran asignados secretarios con funciones de magistrados, quienes operan desde noviembre de 2024.
Dicho cuerpo colegiado quedó presidido por el magistrado Mauricio Fernández De la Mora, mientras que Piedad Carmen Hernández, esposa del exjuez Faustino Gutiérrez Pérez, y Graciela Robledo Vergara, son las dos secretarias en funciones de magistradas que permanecen en el Tribunal.
En el año 2024, la FGR solicitó otra orden de aprehensión contra Francisco Javier García Cabeza de Vaca, José Manuel García Cabeza de Vaca, María de Lourdes Cabeza de Vaca Wattembarger, Mariana Gómez Leal, Evelyn Aimeé Rodríguez Garza, Nancy Jazmín Sandoval Vargas, Claudia Ramos Márquez y Ricardo Isaías de León Márquez.
Todos ellos tramitaron amparos ante el juez Séptimo de Distrito de Reynosa, Juan Fernando Alvarado López, quien les concedió suspensiones, que legisladores morenistas federales y del Congreso de Tamaulipas consideraron excesivas, porque aunque se trataba de delitos graves por los que se libraron las órdenes de captura, se impedía al juez de la causa ejecutar cualquier privación de libertad en contra de los investigados.
Los legisladores aseguraron que el juez Alvarado López emitió las suspensiones por órdenes de Faustino Gutiérrez Pérez.
La FGR impugnó las suspensiones, pero sus recursos siempre eran asignados al Primer Tribunal Colegiado, debido a que así lo establece la normativa interna del PJF.
Además, con base en las órdenes de aprehensión, la FGR solicitó a la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) la emisión de las fichas rojas correspondientes, sin embargo, el juez Juan Fernando Alvarado López también concedió la suspensión contra estas alertas.
Aseguró a sus escoltas
Antes de dejar su cargo de gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca reformó la constitución de su estado para contar con un grupo de escoltas una vez que hubiera concluido su periodo.
La reforma establecía que el grupo de escoltas incluía a los principales mandos del grupo de operaciones especiales denominado GOPES, señalado como un generador de violencia y represión durante el mandato de García Cabeza de Vaca.
Luego de la reforma, el exgobernador tramitó un amparo para que el grupo de escoltas que tiene asignados no fueran reubicados al ser requeridos para evaluación y capacitación.
Para entonces el juez Faustino Gutiérrez Pérez aún estaba al frente del Juzgado Octavo de Distrito de Reynosa y también conoció de este amparo en el que concedió la suspensión para que los escoltas de García Cabeza de Vaca no fueran sustituidos, y para evitar que la Secretaría de Seguridad Pública, o cualquier otro ente de gobierno, dispusiera de ellos.
La decisión fue impugnada y el asunto fue enviado al Segundo Tribunal Colegiado en Reynosa, cuya actuación también fue cuestionada por los legisladores morenistas por favorecer los intereses de Cabeza de Vaca.
El Segundo Tribunal reconoció que el acuerdo que sustituye a los escoltas es legal, pero Morena afirmó que con argucias legales el exgobernador mantuvo a sus escoltas sin cambios por más de dos años.
La senadora Olga Sosa Ruiz afirmó que el Congreso de Tamaulipas ya solicitó el retiro de escoltas y protección a Francisco García Cabeza de Vaca.
“El Congreso local está actuando. Hemos denunciado y exigido que se dejen de usar recursos públicos para proteger a un prófugo. Nadie debe blindar a los corruptos”, afirmó.
Buscó diputación y fuero
Al salir del gobierno de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca buscó ser diputado de representación proporcional por la segunda circunscripción por el PAN para obtener fuero y, con ello, no poder ser detenido.
Así, solicitó su registro ante el Instituto Nacional Electoral (INE) en el que afirmó que residía en Reynosa cuando en realidad en ese momento ya se encontraba residiendo en Estados Unidos para evitar ser detenido.
El INE le negó el registro y promovió un juicio de amparo ante el juzgado Séptimo de Distrito, a cargo de Juan Fernando Alvarado López, quien prácticamente obligó al municipio a extender una carta de residencia falsa, afirmaron los legisladores de Morena.
Para ello indicaron que García Cabeza de Vaca habría falsificado un poder notariado, cuyo origen fue desconocido públicamente por el notario público que, se supone, lo había legalizado.
Estas acciones fueron denunciadas ante la FGR y la Fiscalía de Tamaulipas, que integraron las carpetas correspondientes, las cuales se encuentran en investigación.
Ante irregularidades como su registro de domicilio, su doble nacionalidad, su ausencia del país y su condición de prófugo de la justicia, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) determinó que García Cabeza de Vaca no era elegible para ser diputado federal.
Contra esta resolución, el exgobernador promovió un nuevo amparo y, de nueva cuenta, el juez federal Juan Fernando Alvarado López recibió el asunto en el que desconoció la determinación del TEPJF y ordenó al INE a que realizara su registro como candidato a diputado federal.
La Sala Superior del TEPJF determinó que no cumpliría la orden del juez Alvarado y reiteró la instrucción de registrar un nuevo candidato.
Para ese momento el juez Alvarado ya sumaba en su contra 30 quejas presentadas ante el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) por las resoluciones con las que favoreció al exmandatario estatal, por lo que fue suspendido del cargo de manera temporal.
Los legisladores de Morena dieron a conocer que el juez Alvarado fue denunciado ante la FGR, que solicitó a su vez al CJF autorización para proceder penalmente contra el juzgador y su cese definitivo del cargo.
El presidente de la Mesa Directiva del Senado, Sergio Gutiérrez Luna, acusó que la magistrada Amalia del Carmen Fernández Barquín, secretaria ejecutiva del Consejo de Vigilancia del Consejo de la Judicatura Federal, está impidiendo que la FGR ejecute la acción penal contra el juez.